Carlos Slim Helú cerró el año 2025 con una fortuna que rompió todos sus propios récords: USD 125.000 millones. Un crecimiento del 51% respecto al año anterior, lo que lo reposiciona en el puesto 16 del ranking global de multimillonarios según Bloomberg. Pero detrás del número hay una pregunta que el mercado inmobiliario mexicano todavía no se hace con suficiente claridad: ¿cómo se construye y se sostiene ese tipo de riqueza cuando el Estado es tu principal cliente?

La respuesta no es simple, pero tiene estructura. Slim no es solo el hombre más rico de México. Es también su mayor constructor, su mayor contratista público y, en muchos sentidos, el actor con más influencia sobre cómo se desarrolla el mercado de bienes raíces en el país.

De los ladrillos al monopolio

Pocos recuerdan que antes de Telmex, antes de las telecomunicaciones y de los bancos, Slim ya estaba en el ladrillo. En los años 60, siendo todavía un joven economista recién egresado de la UNAM, comenzó a invertir en bienes raíces en Ciudad de México. Compraba barato, esperaba, vendía caro. Una lógica que nunca abandonó.

Esa base de capital le permitió diversificarse. Pero el negocio inmobiliario y de construcción nunca fue un capítulo cerrado en su historia: es el núcleo estructural de Grupo Carso, el holding que concentra sus activos industriales y de infraestructura. Dentro de Carso opera CICSA, Ingeniería y Construcción de Carso, una de las constructoras más grandes de América Latina.

CICSA no construye edificios de departamentos para clase media. Construye infraestructura de escala: gasoductos, carreteras, plantas industriales, hospitales, aeropuertos. Y trenes. En 2024 ganó el contrato para el tramo ferroviario Saltillo-Nuevo Laredo, valuado en 27.451 millones de pesos. Un solo contrato que equivale al presupuesto anual de varias secretarías de Estado.

Los contratos que nadie licitó

El fenómeno se aceleró con el gobierno de Claudia Sheinbaum. En su primer año de administración, empresas del grupo Slim acumularon 169 contratos con el gobierno federal, por un total cercano a los 30.000 millones de pesos. El dato es público, está en el portal de contrataciones del gobierno, pero rara vez aparece en titulares.

Lo que sí importa analizar es el mecanismo: la mayoría de esos contratos no pasaron por licitación pública. Fueron adjudicados de forma directa, es decir, el gobierno eligió a Slim sin comparar propuestas ni precios con otros competidores. La adjudicación directa es legal en México bajo ciertos supuestos, pero su uso masivo con un solo proveedor genera preguntas legítimas sobre competencia y transparencia.

¿Puede haber mercado libre en construcción e infraestructura cuando el actor dominante tiene acceso privilegiado al Estado? La respuesta ortodoxa es que no. Cuando un competidor negocia en igualdad de condiciones y otro tiene línea directa con el cliente más grande del país, no están jugando el mismo juego.

El mercado inmobiliario con Slim adentro

El impacto no se limita a las licitaciones. La presencia de Slim distorsiona el mercado en capas más profundas. Sus empresas tienen acceso a financiamiento más barato, plazos más largos, relaciones institucionales que ningún desarrollador mediano puede replicar. Cuando Carso entra a una zona urbana o a un corredor de infraestructura, los precios del suelo cambian. Las expectativas cambian. El juego cambia.

Hay desarrolladores en México que reconocen en privado que no compiten en ciertos segmentos o proyectos porque saben que Slim está ahí. No es ilegal. Es una señal de mercado. Pero esa señal concentra el desarrollo en pocas manos y reduce la diversidad de actores que podrían innovar, ofrecer mejores precios o llegar a segmentos desatendidos.

El mercado de vivienda media y social también siente la sombra. Cuando los grandes contratos de infraestructura pública son capturados por un solo grupo, los recursos que podrían financiar vivienda popular o regeneración urbana fluyen hacia megaproyectos de escala que benefician a pocas empresas y a pocos territorios.

¿Quién puede competirle?

La pregunta no tiene una respuesta cómoda. En el segmento de infraestructura y construcción de gran escala, prácticamente nadie en México tiene la combinación de capacidad técnica, acceso a capital y relación institucional que tiene Slim. ICA, que durante décadas fue el gran rival, atravesó una crisis financiera profunda y nunca se recuperó del todo. Los grupos españoles como ACS o FCC operan en México pero no tienen el mismo arraigo político.

En el real estate puro —torres de oficinas, usos mixtos, centros comerciales— sí hay competencia real: Fibra Uno, Vesta, Danhos. Pero en cuanto el proyecto toca infraestructura pública o concesiones del Estado, el campo se estrecha. Y Slim espera ahí.

El dato de los 169 contratos no es una acusación. Es una descripción de la realidad del mercado. Y esa realidad tiene consecuencias para todos los que operan en el sector: desarrolladores, inversores, compradores y ciudadanos que pagan impuestos y esperan que el Estado los gaste bien. La pregunta que el mercado inmobiliario mexicano necesita hacerse no es si Slim es demasiado grande. Es si el sistema que lo hizo posible está sirviendo al país.