Una propiedad con alberca, jardín extenso y un plafón decorado con 400 hojas de oro. Valuada en más de 31 millones de pesos. Ubicada en Chihuahua capital. Y vinculada, según una investigación periodística publicada en 2025, a María Eugenia Campos Galván, la gobernadora panista del estado conocida popularmente como Maru Campos. El caso sacudió la política chihuahuense y reavivó preguntas incómodas sobre el enriquecimiento de funcionarios públicos y sus nexos con el sector inmobiliario.

La «Mansión Dorada»

La propiedad en cuestión fue bautizada por los medios locales como la «Mansión Dorada» debido a su elemento más llamativo: un plafón elaborado con aproximadamente 400 hojas de oro, un lujo decorativo que difícilmente pasa desapercibido. El inmueble cuenta con amplias instalaciones, alberca climatizada y jardines de diseño. Su valuación catastral supera los 31 millones de pesos, aunque el valor de mercado podría ser considerablemente mayor considerando los acabados de alta gama documentados por las investigaciones.

La propiedad está relacionada con operaciones de la empresa Administradora Inmobiliaria de Chihuahua, firma en la que Campos Galván figura o ha figurado como parte del entramado societario. Los periodistas que documentaron el caso señalan que la empresa ha realizado operaciones de compraventa y arrendamiento que merecen escrutinio, entre otras razones porque algunas de sus propiedades fueron arrendadas a dependencias del gobierno estatal.

El negocio de arrendar al gobierno

Uno de los elementos más delicados de la investigación es el que involucra contratos de arrendamiento entre bodegas propiedad de la empresa inmobiliaria vinculada a Campos Galván y dependencias públicas del estado de Chihuahua. En otras palabras: el gobierno que ella encabeza pagaba renta a una empresa en la que ella tiene participación. Esta configuración, aunque no necesariamente ilegal si se cumplieron los procesos de licitación, genera un conflicto de interés evidente y plantea preguntas sobre los mecanismos de control interno.

Las licitaciones para este tipo de contratos en Chihuahua han sido cuestionadas en el pasado por organizaciones de transparencia, que señalan que los procesos tienden a favorecer a empresas con vínculos con la clase política local.

Un patrimonio que creció rápido

La declaración patrimonial de Campos Galván correspondiente a 2023 reveló ingresos totales por 7.6 millones de pesos, de los cuales 5.4 millones fueron clasificados como provenientes de «enajenación de bienes». Esta categoría, que engloba la venta de propiedades u otros activos, representa un incremento notable respecto a ejercicios anteriores y ha generado interrogantes entre analistas y periodistas especializados en fiscalización del patrimonio de servidores públicos.

Para contextualizar: el salario anual de un gobernador en México, considerando las restricciones salariales vigentes desde 2019, no supera los 2.2 millones de pesos brutos. Que los ingresos declarados casi tripliquen ese monto, con la mayor parte proveniente de ventas de bienes inmuebles, es un dato que genera preguntas legítimas que el sistema de rendición de cuentas debería poder responder con claridad.

La sombra de César Duarte

El exgobernador César Duarte Jáquez, quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016 como priista, es uno de los casos más emblemáticos de corrupción gubernamental en México de las últimas dos décadas. Fue extraditado desde Estados Unidos en 2021 y condenado en 2023 a ocho años de prisión por peculado. Su red de corrupción involucró desvíos millonarios, negocios inmobiliarios irregulares y vínculos con el sector empresarial local.

La investigación periodística sobre la Mansión Dorada identificó que algunos de los exfuncionarios del gobierno de Duarte tienen conexiones societarias o historial de operaciones comunes con personas relacionadas a la empresa inmobiliaria de Campos Galván. Eso no implica complicidad automática —muchos de esos funcionarios fueron posteriormente empleados o contratistas en distintas administraciones— pero sí dibuja un ecosistema empresarial-político chihuahuense donde los mismos nombres aparecen repetidamente.

La respuesta de Campos Galván

La gobernadora y su equipo han rechazado categóricamente las acusaciones. En declaraciones públicas, Campos Galván ha calificado las investigaciones como ataques políticos motivados por la oposición y ha señalado que todas sus operaciones patrimoniales se ajustan a la ley. Su vocería indicó que la empresa inmobiliaria opera de manera legítima y que los contratos de arrendamiento con el gobierno se obtuvieron mediante procesos licitatorios transparentes.

Sin embargo, hasta la fecha, ni la Secretaría de la Función Pública ni el Congreso estatal han iniciado una investigación formal e independiente sobre los señalamientos. Las organizaciones civiles chihuahuenses que han solicitado acceso a la información relacionada con los contratos de arrendamiento reportan respuestas incompletas o clasificadas como reservadas.

El patrón que se repite

El caso de Campos Galván no es único ni exclusivo de Chihuahua. En México, el entrelazamiento entre el poder político y los negocios inmobiliarios es una constante documentada en múltiples estados. Lo que hace a este caso relevante es la escala del lujo exhibido —las hojas de oro del plafón se han convertido en un símbolo viral— y la continuidad de una cultura política donde el enriquecimiento de quienes gobiernan avanza sin consecuencias claras.

Mientras el sistema de declaraciones patrimoniales siga siendo voluntariamente opaco y los órganos de fiscalización carezcan de autonomía real, casos como el de la Mansión Dorada seguirán siendo noticia de escándalo, no de condena.

Ladrillo México continuará monitoreando las investigaciones patrimoniales sobre funcionarios públicos con actividad inmobiliaria declarada.